Mientas el gobierno y las entidades agroindustriales se manifestaron a favor de un nuevo documento global, otras entidades de productores lo rechazan.
Los anuncios del ministro Luis Caputo sobre el recorte del capítulo fiscal al proyecto de ley, trajo alivio al sector en cuanto a eventuales aumentos de retenciones (que quedan descartados); y obligó a pasar al siguiente capítulo: el tema semillas, en el cual Argentina se debe el debate desde hace años, mientras los países competidores avanzan rápidamente hacia sistemas productivos más eficientes.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). Fue constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (“Convenio de la UPOV”).
En el proyecto de Ley Ómnibus, Sección II “Adhesión a Convención”, el artículo 241 propone: “La República Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV), ACTA 1991”.
Según manifiestan desde el gobierno, la adhesión al Acta de UPOV 1991 “permitirá que el productor argentino acceda a la mejor tecnología genética del mundo, que es clave para incrementar la productividad y nutrición de los cultivos, los saldos exportables y la resiliencia de los mismos frente a la creciente volatilidad climática”.
Además, el ACTA 1991 crea el uso propio por parte de los agricultores; excepción que no existe en el ACTA 1978 a la cual Argentina se encuentra adherida hoy. “En la actualidad, autorizar el uso propio de determinadas especies en Argentina es un requisito que debe cumplirse para poder ejercerlo, esto implica declarar variedades utilizadas, cantidad de producción, entre otras; bajo apercibimiento de multas y de perder este derecho”, aseguran. De hecho, en los países adheridos a UPOV ACTA 1991, han reglamentado que los pequeños productores quedan exceptuados de pagar por el uso propio.
En este sentido, la designación de Claudio Dunan como el nuevo presidente del Directorio del Instituto Nacional de Semillas (INASE), es un guiño del gobierno a esta movida. Con una extensa trayectoria académica, docente y con experiencia en el sector industrial en empresas semilleras líderes. Como horizonte de su gestión, se propone trabajar en “la modernización y accesibilidad de procesos de trabajo y servicios al usuario, en el fortalecimiento de la red de laboratorios y en la presencia territorial del Instituto con miras al fortalecimiento de la fiscalización”.
Voces a favor
Por otro lado, esta semana, las cámaras y entidades de la agroindustria argentina expresaron su apoyo a la propuesta de adhesión, dado que “va en la dirección correcta y le permitirá a la Argentina consolidar el liderazgo entre los países de la región, como proveedores de alimentos al mundo”.
Según expresaron, “la innovación resulta determinante para aumentar la producción de alimentos, en el marco de la creciente demanda mundial y de los desafíos que plantea el cambio climático. El incremento de la oferta depende de la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos”.La agroindustria (con la adhesión de Coninagro) expresó que los objetivos planteados por el Plan Agroindustrial presentado en marzo del año pasado y que proyecta incrementos hasta el 2033, “están enfocados en alcanzar exportaciones agroindustriales por 100 mil millones de dólares anuales, sumar más de 800 mil puestos de trabajo agropecuarios, y contar con marcos normativos que brinden previsibilidad a la inversión productiva sustentable”.
En este sentido el reconocimiento y respeto a la propiedad intelectual como incentivo a la inversión en investigación y desarrollo “es la herramienta que los estados miembros de UPOV cuentan” para contar con las mejores obtenciones vegetales para ponerlas a disposición de todos los productores en todas las cadenas de valor.
De hecho, remarcaron que en la actualidad de los 78 países que conforman UPOV, 61 ya adhieren al Acta 1991, entre otros la UE en su conjunto, Australia, Japón, Israel, Canadá, Perú y Estados Unidos. DE ahí que insistieron con que traerá beneficios a toda la cadena productiva y transformadora de alimentos, fibras y biocombustibles.
Un lobby con peso propio
Los firmantes son : ACNOA (Asociación Citrícola del Noreste Argentino); AFoA (Asociación Forestal Argentina); ASA (Asociación Semilleros Argentinos): Bolsa de Comercio de Santa Fe; CSBC (Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales); CAENA (Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal); Cámara Argentina de la Alfalfa; CAF (Cámara Argentina de Feedlot); CAPIA (Cámara Argentina de Productores Avícolas); CARBIO (Cámara Argentina de Biocombustibles); CAMPI (Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo); CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina); Cámara de la Industria Cervecera Argentina; Cámara Argentina Algodonera; Cámara Argentina del Maní; Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes); Centro de Exportadores de Cereales; Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales; CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas); Clera (Cámara de Legumbres de la República Argentina); CONINAGRO; Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas; FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera); FOA (Federación Olivícola Argentina); FIFRA (Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas); MAIZAR; Matba-Rofex; UNICA (Unión de la Industria Cárnica Argentina).
La oposición
Por otro lado, desde CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina expresaron su oposición a la adhesión de este protocolo.
La postura la resumió esta semana el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverry, quien expresó que no hay que adherir a este nuevo documento, sino actualizar el marco legal nacional.
“Brasil está dentro del UPOV 78 (un documento anterior) y tiene distintas variantes y reconoce la tecnología. Acá aparecen mejor reconocidos los derechos del obtentor que los derechos del productor, en cuanto a la semilla y los requisitos. Entendemos que lo que sí es necesario es una nueva ley donde se reconozca el trabajo del obtentor, pero la adhesión al Upov 91 no va a traer eso”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se expresó en esta misma línea. “Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y SRA consideramos inoportuna la propuesta de adhesión a UPOV 91 y abogamos por retirarla del proyecto de Ley de Bases”, manifestó en un comunicado la Mesa de Enlace el pasado miércoles (ya sin la firma de Coninagro).
Según advirtieron, la adhesión al manifiesto “implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación”. Y señalaron que “ningún país de la región está adherido” con excepción de Costa Rica y Perú.
